Guatemala avanza hacia la digitalización

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El país de Guatemala avanza hacia la digitalización y gracias a sus cambios en la legislatura ahora hay 10 nuevos trámites que pueden hacerse de manera digital, aligerando así muchos procesos.

La Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto 5-2021 del Congreso de la República, de acuerdo a su articulado, tiene por objeto modernizar la gestión administrativa mediante la simplificación, agilización y digitalización de los trámites administrativos, con la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC`s).

¿Cuáles son los beneficios de esta ley?

Estos cambios van a beneficiar a todos los habitantes del país, logrando mejoras en diferentes aspectos:

  1. Impulsa el gobierno electrónico
  2. Fomenta la creación de portales electrónicos en las instituciones
  3. Elimina trámites innecesarios
  4. Derecho a la información del estado del trámite
  5. Fomenta el pago mediante métodos electrónicos
  6. Da validez a la firma física y a la firma electrónica
  7. Prohíbe la solicitud de documentos emitidos por la misma autoridad
  8. Acceso a los formularios sin costo
  9. Utilización de medios electrónicos que permiten la interacción a distancia

Otros aspectos destacados de esta norma son los siguientes: A) Brinda certeza jurídica al trámite, a su procedimiento y a sus secuencias; B) También se destaca la transparencia, puesto que esto le permite al usuario conocer en tiempo real en qué dependencia de la institución se encuentra el trámite y qué paso se está cumpliendo, mediante el uso de herramientas tecnológicas; y C) Además, se produce una disminución de costos en relación al trámite y que se abrevien los tiempos de gestión.

Todo lo mencionado, trae como beneficio adicional que se facilita la interacción entre las instituciones públicas y la población usuaria.

¿Qué trámites van a poder llevarse a cabo de manera digital?

A continuación te mostramos los 10 trámites que ya se pueden realizar digitalmente en Guatemala,  que buscan facilitar la vida de los ciudadanos mediante el uso de herramientas tecnológicas. Aquí están los trámites mencionados:

  1. Antecedentes penales y policiales: Solicitud y obtención del documento completamente en línea.
  2. Inscripción de nacimientos: Posibilidad de registrar nacimientos a través de una plataforma digital.
  3. Certificaciones de matrimonio y defunción: Solicitud de estos certificados de forma remota.
  4. Pasaportes: Proceso inicial de solicitud o renovación mediante plataformas digitales.
  5. Boleto de ornato: Pago del impuesto correspondiente en línea.
  6. Declaración de IVA e ISR: Uso de herramientas electrónicas para cumplir con obligaciones tributarias.
  7. Licencias de conducir: Renovación y solicitud con opción digital.
  8. Certificaciones del IGSS: Documentos disponibles para afiliados mediante su sistema digital.
  9. Permisos de operación para empresas: Gestión de permisos a través de portales especializados.
  10. Trámites de residencia para extranjeros: Digitalización de algunos pasos para agilizar la obtención de la residencia.

Estos trámites forman parte de los esfuerzos del gobierno guatemalteco por digitalizar servicios y mejorar la accesibilidad para los ciudadanos, reduciendo tiempos y costos relacionados con procesos presenciales.

Incapacidad absoluta y gran invalidez, ¿compatibles o no con el trabajo?

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Recientemente, el Tribunal Supremo de España ha emitido una sentencia que refuerza la incompatibilidad entre la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez con el desempeño de un trabajo remunerado. Esta decisión tiene un impacto significativo en el ámbito jurídico y laboral del país, afectando tanto a los trabajadores que reciben estas prestaciones como a las empresas que podrían emplearlos. En este artículo, exploraremos el contexto legal de esta decisión, los detalles de la sentencia, sus implicaciones y las posibles reformas legislativas que podrían surgir a raíz de esta nueva jurisprudencia.

Contexto legal y definiciones

Antes de profundizar en la decisión del Tribunal Supremo, es importante entender qué se entiende por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez en el marco legal español. La incapacidad permanente absoluta se refiere a la situación en la que un trabajador no puede realizar ninguna profesión u oficio debido a una enfermedad o lesión. Esta incapacidad da derecho a una pensión que suele ser el 100% de la base reguladora del trabajador.

Por otro lado, la gran invalidez es un grado superior de incapacidad, donde el trabajador, además de no poder realizar ningún trabajo, necesita la asistencia de una tercera persona para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria. Este tipo de incapacidad incluye un complemento adicional a la pensión debido a la necesidad de cuidados constantes.

El marco legal vigente en España establece que las personas que reciben pensiones por incapacidad absoluta o gran invalidez no deben realizar trabajos remunerados que contradigan su situación reconocida, para garantizar la protección del sistema de seguridad social y evitar posibles fraudes.

La decisión del tribunal supremo

En su reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha aclarado que la realización de cualquier actividad laboral remunerada es incompatible con la percepción de una pensión por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Esta decisión surge tras la revisión de casos en los que beneficiarios de estas pensiones habían empezado a realizar trabajos que, según el Tribunal, son incompatibles con las condiciones por las que se les concedieron las prestaciones.

El Tribunal Supremo argumenta que permitir a estas personas trabajar mientras perciben la pensión pone en riesgo la integridad del sistema de seguridad social y va en contra del principio de justicia que rige el acceso a estas prestaciones. Además, la decisión busca evitar que se abuse de un sistema destinado a proteger a quienes verdaderamente no pueden trabajar debido a limitaciones severas y permanentes.

Implicaciones de la sentencia

Esta sentencia del Tribunal Supremo tiene varias implicaciones importantes. Para los beneficiarios de incapacidad absoluta y gran invalidez, significa que no podrán realizar ningún trabajo remunerado sin arriesgarse a perder su pensión. Esto puede tener un impacto financiero significativo para aquellos que, a pesar de sus limitaciones, intentaban complementar sus ingresos. La sentencia también refuerza la necesidad de una evaluación estricta y constante de las condiciones de los beneficiarios para asegurar que no se están produciendo abusos del sistema.

Para las empresas, esta decisión también es crucial. Aquellas que emplean o consideran emplear a personas con incapacidad reconocida deben asegurarse de que estas no estén percibiendo una pensión por incapacidad absoluta o gran invalidez. De lo contrario, podrían enfrentar sanciones legales y administrativas, además de posibles problemas de imagen y reputación.

Opiniones y reacciones a la sentencia

Las reacciones a esta sentencia han sido mixtas. Desde el lado de los sindicatos y organizaciones laborales, algunos han expresado su preocupación de que la decisión pueda ser demasiado restrictiva y no tenga en cuenta los casos individuales donde un trabajador podría realizar ciertas actividades laborales sin comprometer su salud o su situación de invalidez. Por otro lado, expertos legales han señalado que la sentencia es coherente con el marco legal actual y con el objetivo de proteger el sistema de seguridad social de posibles abusos.

Para los beneficiarios y sus familias, la decisión ha generado inquietud. Muchos se preguntan qué opciones tienen si necesitan complementar sus ingresos o desean mantenerse activos de alguna manera. La sentencia deja claro que cualquier trabajo remunerado es incompatible con la percepción de estas pensiones, por lo que los afectados deberán reevaluar su situación y, en algunos casos, buscar asesoría legal para explorar sus opciones.

La reciente decisión del Tribunal Supremo sobre la incompatibilidad del trabajo con las pensiones por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez ha provocado un debate significativo en el ámbito jurídico y laboral. Mientras algunos ven esta sentencia como una medida necesaria para proteger el sistema de seguridad social, otros creen que podría ser demasiado restrictiva. Lo que es claro es que tanto los trabajadores afectados como los empleadores deben estar bien informados y preparados para adaptar sus acciones en consecuencia.

La conciliación y el permiso parental de ocho semanas

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En España, la conciliación de la vida laboral y familiar es un tema de creciente importancia, y la legislación laboral ha ido incorporando diversas medidas para apoyar a los trabajadores en este ámbito. Uno de los derechos más recientes y menos conocidos es el permiso parental no retribuido de 8 semanas, que se ha establecido como una herramienta para ayudar a los padres y madres a cuidar de sus hijos durante los primeros años de vida. Este artículo explora las características de este permiso, quiénes pueden optar a él y cómo afecta tanto a los trabajadores como a las empresas.

¿Qué es el Permiso Parental No Retribuido de 8 Semanas?

El permiso parental no retribuido de 8 semanas es un derecho laboral que permite a los padres y madres ausentarse del trabajo para cuidar de sus hijos menores sin recibir remuneración durante ese tiempo. A diferencia de otros permisos como el de maternidad o paternidad, este no implica el pago de un salario durante su disfrute, pero sigue siendo una herramienta valiosa para la conciliación familiar.

Este permiso está regulado por la legislación española y forma parte de las medidas adoptadas para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar. Recientemente, se han introducido cambios en la normativa para facilitar su uso, permitiendo a los padres y madres disfrutar de este tiempo adicional con sus hijos sin poner en riesgo su empleo.

Características del Permiso Parental No Retribuido

Una de las principales características de este permiso es su duración. Los padres y madres pueden disfrutar de hasta 8 semanas de ausencia del trabajo, las cuales pueden tomarse de manera consecutiva o fraccionada. Esto significa que no es necesario tomar las 8 semanas de una sola vez, sino que se pueden repartir en diferentes periodos, lo que ofrece flexibilidad para adaptarse a las necesidades familiares.

Es importante destacar que este permiso no es remunerado, es decir, durante las semanas en que el trabajador esté de permiso, no recibirá su salario habitual. Esta es una diferencia clave respecto a otros permisos, como el de paternidad o maternidad, que sí están retribuidos. Sin embargo, el hecho de que sea no retribuido no le resta importancia, ya que proporciona tiempo valioso para la familia sin poner en peligro la estabilidad laboral del trabajador.

Además, este permiso es compatible con otros derechos laborales, como la reducción de jornada o las excedencias por cuidado de hijos. Esto permite que los padres y madres combinen diferentes medidas para organizar mejor su tiempo y sus responsabilidades familiares.

¿Quiénes Pueden Optar a Este Permiso?

El permiso parental no retribuido de 8 semanas está disponible para aquellos trabajadores que tengan hijos menores de edad. Esto incluye tanto a padres como a madres, independientemente de si trabajan en el sector público o privado. Es decir, tanto los trabajadores por cuenta ajena como los funcionarios pueden solicitar este permiso.

En cuanto a los requisitos, no existen grandes limitaciones para acceder a este derecho, pero es posible que la antigüedad en la empresa o el tipo de contrato puedan influir en cómo se gestiona su solicitud. Por ejemplo, en algunos casos, los contratos temporales pueden presentar ciertas restricciones, aunque en general, todos los padres y madres tienen derecho a solicitar este permiso.

Además, en situaciones especiales, como en el caso de padres de niños con necesidades especiales, este permiso puede ser aún más relevante, proporcionando un tiempo crucial para atender las necesidades adicionales que puedan surgir.

Impacto del Permiso en los Trabajadores

Uno de los aspectos más importantes del permiso parental no retribuido es la protección del puesto de trabajo. La legislación española garantiza que los trabajadores que soliciten este permiso mantendrán su empleo durante y después de su disfrute. Es decir, no pueden ser despedidos por ejercer este derecho, salvo en casos justificados, como un despido disciplinario por razones ajenas al permiso.

Sin embargo, durante el tiempo que el trabajador está de permiso, no se cotiza a la Seguridad Social, lo que puede tener un impacto a largo plazo, especialmente en términos de prestaciones futuras como la jubilación. Es un aspecto que los trabajadores deben considerar al decidir cuándo y cómo tomar este permiso.

En términos de conciliación, este permiso ofrece una oportunidad valiosa para que los trabajadores puedan pasar más tiempo con sus hijos, lo que puede ser fundamental en los primeros años de vida. No obstante, también puede influir en su carrera profesional, ya que la ausencia prolongada puede afectar el desarrollo de proyectos o la percepción de disponibilidad en la empresa.

Impacto del Permiso en las Empresas

Para las empresas, el permiso parental no retribuido de 8 semanas implica ciertas obligaciones. En primer lugar, deben respetar el derecho del trabajador a solicitar y disfrutar de este permiso, garantizando que su puesto de trabajo esté disponible una vez que regrese. Además, es habitual que las empresas soliciten un preaviso razonable por parte del trabajador para poder planificar adecuadamente su ausencia.

La gestión de la ausencia del trabajador durante este permiso puede ser un desafío, especialmente en empresas pequeñas o en roles que son difíciles de cubrir temporalmente. Las empresas pueden necesitar ajustar la carga de trabajo, redistribuir tareas entre el equipo o, en algunos casos, contratar a un sustituto temporal.

Desde un punto de vista económico, dado que el permiso no es retribuido, no representa un coste directo en términos de salario para la empresa. Sin embargo, puede tener un impacto organizativo y en la productividad, especialmente si se combina con otras ausencias o permisos.

El permiso parental no retribuido de 8 semanas es una herramienta importante para la conciliación de la vida laboral y familiar en España. Ofrece a los padres y madres la posibilidad de pasar más tiempo con sus hijos sin perder su empleo, aunque conlleva ciertos desafíos, tanto para los trabajadores como para las empresas. Es fundamental que ambas partes conozcan bien sus derechos y obligaciones en relación con este permiso para asegurar una gestión adecuada y un equilibrio entre las necesidades familiares y laborales.

¿Es posible impugnar un testamento?

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El testamento es una herramienta fundamental en la planificación sucesoria, permitiendo que una persona disponga de sus bienes después de su muerte según sus deseos. Sin embargo, en algunas ocasiones, los herederos u otros interesados pueden encontrar motivos para impugnar el testamento. En este artículo, exploraremos cuándo es posible impugnar un testamento y proporcionaremos una visión general del proceso de impugnación.

¿Qué es un Testamento?

Un testamento es un documento legal en el que una persona, conocida como testador, expresa sus deseos sobre cómo deben distribuirse sus bienes tras su fallecimiento. Este documento tiene una gran importancia tanto legal como personal, ya que asegura que los deseos del testador se cumplan. Existen varios tipos de testamentos reconocidos por la ley, incluyendo:

  • Testamento ológrafo: Escrito íntegramente a mano por el testador, debe cumplir ciertos requisitos de forma para ser válido.
  • Testamento abierto: Realizado ante notario y en presencia de testigos, quienes certifican la autenticidad del documento.
  • Testamento cerrado: El testador presenta el testamento en sobre cerrado al notario, quien certifica su existencia sin conocer su contenido.

Causas para Impugnar un Testamento

Existen varias causas legítimas por las cuales se puede impugnar un testamento. Estas incluyen:

  • Falta de capacidad del testador: Un testamento puede ser impugnado si se demuestra que el testador no tenía la capacidad mental o física necesaria en el momento de redactarlo. Esto puede incluir enfermedades mentales, demencia u otras condiciones que afecten su juicio.
  • Influencia indebida: Si se puede probar que el testador fue sometido a presión, manipulación o coerción por parte de terceros para hacer el testamento, este puede ser impugnado. Esto es común en situaciones donde una persona vulnerable es influenciada por cuidadores o familiares cercanos.
  • Falta de formalidades legales: Los testamentos deben cumplir con ciertos requisitos legales de forma y firma. La ausencia de testigos, la falta de firma del testador o errores en la redacción pueden ser motivos para impugnar.
  • Fraude o falsificación: Un testamento puede ser impugnado si se descubre que fue alterado, falsificado o creado mediante engaños. Esto incluye la falsificación de la firma del testador o la modificación del documento sin su conocimiento.
  • Contenido ilícito o inmoral: Si el testamento contiene disposiciones que son contrarias a la ley o la moral, estas pueden ser impugnadas. Esto incluye condiciones imposibles o ilegales que el testador pueda haber incluido.

¿Quién Puede Impugnar un Testamento?

No cualquier persona puede impugnar un testamento; deben tener un interés legítimo en la herencia. Entre los posibles impugnadores se encuentran:

  • Herederos legales: Incluyen a los hijos, cónyuge y otros familiares directos que tienen derecho a una parte de la herencia según la ley. Estos herederos forzosos pueden impugnar si consideran que el testamento les perjudica injustamente.
  • Legatarios: Personas mencionadas en el testamento que reciben un legado específico. Pueden impugnar si creen que el testamento es inválido o lesiona sus derechos.
  • Otros interesados: Incluyen acreedores y otras personas con un interés económico legítimo en la herencia. Estos individuos pueden impugnar el testamento si sus derechos son afectados por su contenido.

Proceso de Impugnación del Testamento

El proceso de impugnación de un testamento sigue varios pasos:

  • Inicio del proceso: La impugnación comienza con la presentación de una demanda ante el juzgado competente. Es crucial actuar dentro de los plazos legales establecidos, que varían según la jurisdicción.
  • Recolección de pruebas: Es esencial reunir pruebas que sustenten la impugnación, como documentación médica sobre la capacidad del testador, testimonios sobre posibles influencias indebidas y análisis forense del testamento en casos de sospecha de fraude.
  • Procedimiento judicial: El proceso judicial incluye varias fases, como la audiencia preliminar, el juicio y la sentencia. Durante el juicio, el juez evaluará las pruebas presentadas y escuchará los testimonios de ambas partes.
  • Resultado y consecuencias: Los posibles resultados de una impugnación incluyen la anulación total o parcial del testamento, o su modificación. Estos resultados afectarán la distribución de la herencia según lo determinado por el tribunal.

Impugnar un testamento es un proceso complejo y emocionalmente desafiante. Es fundamental actuar con prontitud y buscar asesoría legal especializada para evaluar la viabilidad de la impugnación. En algunos casos, puede ser más beneficioso considerar alternativas como la mediación o acuerdos extrajudiciales para resolver las disputas de manera más amistosa.

¿Cuál es la obligación de los bancos para evitar el phishing?

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El phishing es una de las principales amenazas cibernéticas que enfrentan los bancos y sus clientes en la era digital. Esta práctica fraudulenta, que busca obtener información confidencial a través de engaños, puede causar graves perjuicios económicos y dañar la confianza en las instituciones financieras. En este artículo, exploraremos las obligaciones de los bancos para prevenir el phishing y proteger a sus clientes, detallando las medidas que deben adoptar y el marco legal que las respalda.

¿Qué es el Phishing?

El phishing es un método de fraude en el cual los atacantes se hacen pasar por entidades confiables, como bancos, para engañar a los usuarios y obtener información sensible, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos personales. Los ataques de phishing pueden realizarse a través de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web falsos que imitan a los legítimos.

Este tipo de fraude no solo afecta a los clientes, sino que también tiene un impacto significativo en los bancos, que deben invertir en medidas de seguridad y gestionar la reputación y la confianza que se ven afectadas por estos incidentes.

Obligaciones Legales y Regulatorias de los Bancos

Los bancos están sujetos a un marco legal y regulatorio estricto que les impone la obligación de proteger la información y los fondos de sus clientes. A nivel internacional, normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa y directrices específicas del Banco Central Europeo y el Banco de España establecen requisitos claros sobre la seguridad de la información.

Estas normativas obligan a los bancos a implementar medidas de seguridad robustas para prevenir el phishing y otros tipos de fraudes. Además, las entidades financieras deben cumplir con los estándares de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y otras organizaciones regulatorias, que exigen sistemas de autenticación fuerte, encriptación de datos y procedimientos de respuesta ante incidentes.

1. Medidas de Seguridad Tecnológica

Para cumplir con sus obligaciones, los bancos deben adoptar diversas medidas de seguridad tecnológica:

  • Autenticación fuerte: Implementación de sistemas de autenticación de dos factores (2FA) y biometría para asegurar que solo los usuarios autorizados accedan a las cuentas.
  • Monitorización y detección: Sistemas avanzados de monitorización que detectan actividades sospechosas en tiempo real, permitiendo a los bancos responder rápidamente a posibles amenazas.
  • Encriptación: Uso de tecnologías de encriptación avanzada para proteger la información confidencial tanto en tránsito como en reposo.
  • Actualización de software: Mantener todos los sistemas y software actualizados para cerrar vulnerabilidades y proteger contra nuevas amenazas.

2. Educación y Concienciación del Cliente

Aunque la tecnología es crucial, la educación y concienciación del cliente son igualmente importantes para prevenir el phishing. Los bancos deben implementar programas de educación continua que incluyan:

  • Campañas informativas: Proveer información regular a los clientes sobre cómo identificar y evitar ataques de phishing.
  • Recursos y herramientas: Ofrecer herramientas que permitan a los clientes verificar la autenticidad de las comunicaciones bancarias.
  • Soporte proactivo: Establecer canales de soporte donde los clientes puedan reportar sospechas y recibir asistencia inmediata.

3. Protocolos de Respuesta ante Incidentes

Cuando ocurre un incidente de phishing, los bancos tienen la obligación de actuar de manera rápida y efectiva. Los protocolos de respuesta deben incluir:

  • Notificación: Informar inmediatamente a los clientes afectados y a las autoridades pertinentes sobre la brecha de seguridad.
  • Investigación y contención: Investigar el incidente para contener el daño y prevenir futuros ataques.
  • Asistencia y recuperación: Proveer asistencia a los clientes afectados, incluyendo la recuperación de fondos y la protección contra futuros fraudes.

4. Colaboración con Otras Entidades

La lucha contra el phishing requiere una colaboración estrecha entre diferentes entidades. Los bancos deben:

  • Compartir información: Colaborar con otras instituciones financieras para compartir información sobre amenazas y mejores prácticas de seguridad.
  • Participar en redes de seguridad: Integrarse en consorcios y redes de seguridad cibernética que faciliten la cooperación y la respuesta coordinada ante amenazas.
  • Trabajar con las fuerzas del orden: Colaborar con las autoridades y fuerzas del orden para investigar y perseguir a los responsables de ataques de phishing.

5. Evaluación y Mejora Continua

La seguridad es un proceso continuo que requiere evaluaciones y mejoras constantes. Los bancos deben:

  • Auditorías regulares: Realizar auditorías periódicas de sus sistemas de seguridad para identificar y corregir vulnerabilidades.
  • Mejoras continuas: Implementar mejoras basadas en las últimas tecnologías y tendencias de amenazas.
  • Feedback: Recoger y analizar el feedback de los clientes y empleados para mejorar las medidas de seguridad y la efectividad de los protocolos de respuesta.

En resumen, los bancos tienen una responsabilidad crucial en la prevención del phishing, que incluye una combinación de medidas tecnológicas, educativas y de respuesta ante incidentes. Cumplir con estas obligaciones no solo protege a los clientes, sino que también fortalece la confianza en el sistema financiero. En un entorno digital en constante evolución, es esencial que los bancos adopten un enfoque proactivo y multifacético para garantizar la seguridad de sus operaciones y la de sus clientes.

Marcelo Richter, un abogado con un profundo análisis del derecho constitucional y laboral de Guatemala

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Marcelo Richter es un abogado de renombre con una sólida formación académica. Obtuvo su titulación en Derecho en la Universidad Católica de Salta, Argentina, y en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Su filosofía profesional se centra en la atención altamente personalizada al cliente. Cree firmemente en la importancia de brindar transparencia y mantener informados a sus clientes en todo momento sobre el progreso de sus casos.

Con más de dos décadas de experiencia en el ejercicio del derecho, Richter ha consolidado su pericia con maestrías en Derecho Constitucional y Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Richter ha tenido inclinación hacia estas áreas del derecho desde muy joven. «El Derecho Constitucional siempre fue un tema que me llamó la atención, cómo se organiza el Estado y cómo se realizan los equilibrios en el ejercicio del poder», expresó.

Su compromiso con la sociedad no termina con el ejercicio del derecho, sino que va más allá y se involucra en la educación. Se refleja en su labor como profesor en la Universidad del Istmo (UNIS), donde ha impartido clases en diversas áreas del derecho, como Teoría del Estado, Jurisdicción Constitucional y Derecho del Trabajo.

Además de su destacada trayectoria académica, Richter es coautor del libro «Derecho Procesal Constitucional», una obra que ha alcanzado su séptima edición y destaca por su enfoque profundo en los procesos constitucionales guatemaltecos. Este libro fue escrito por los abogados Víctor Manuel Castillo, Alejandro Morales Bustamante y Marcelo Pablo E. Richter, bajo la dirección del Dr. Alberto Pereira-Orozco, quienes tienen una vasta experiencia en la Corte de Constitucionalidad.

«Consideraba importante aportar a la cultura nacional y académica al publicar un libro de derecho procesal constitucional y hacer un análisis de la realidad nacional», comentó el Lic. Richter. La séptima edición conmemora la memoria del Dr. Pereira-Orozco por su valioso aporte al derecho guatemalteco.

Richter, quien ha trabajado en la Corte de Constitucionalidad y en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ha llevado su experiencia más allá de las fronteras de Guatemala, desempeñándose como docente y expositor en diversos países de América Latina y Europa. Su dedicación en áreas específicas del derecho, como el Derecho del Trabajo, la Seguridad Social y el Derecho Constitucional, se refleja en los servicios especializados que ofrece a sus clientes.

En su determinación por brindar el mejor asesoramiento legal, Richter es socio fundador de la firma de abogados Práctica Legal, donde se enfoca en una amplia gama de servicios que incluyen asesoramiento en relaciones laborales, contratos de trabajo, salud y seguridad ocupacional, entre otros. Además, se compromete a garantizar la protección de los datos de sus clientes y a cumplir con todas las obligaciones legales de manera responsable y eficaz.

La Embajada de Guatemala en España recibe a Práctica Legal

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Practica Legal Abogados, Consultores y Global Corporate, con sedes en España, Portugal y Guatemala, han celebrado un encuentro en la Embajada de Guatemala en España, y han sido recibidos por D. Carlos Medrano Galicia, Consejero de Comercio, Inversión y Turismo. Así, Practica Legal con motivo de la celebración de la Junta Anual, han asistido a la reunión con representación del despacho diferentes socios de la firma, por el despacho en Guatemala, asistieron Marcelo Richter y Carlos Muñoz, por España asistió por la sede de Madrid Ana Regal y por el despacho en Barcelona los socios Óscar Sánchez y Jacint Boixasa.

Practica Legal Abogados y Consultores, tiene el objetivo de fomentar las relaciones de inversión y desarrollo en Guatemala, un país con importantes oportunidades de negocio en diferentes sectores, energía, sostenibilidad, entre otros sectores, siendo un país estratégico en pleno desarrollo, interesante para objetivos de expansión por diversas razones tanto de inversiones como lugar de entrada para empresas que se encuentren en fase de crecimiento y expansión ya que es un lugar clave para la  logística a Latinoamérica y Estados Unidos.

Compatibilización de la incapacidad permanente con el trabajo según el grado de incapacidad

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La cuestión de si una persona puede compatibilizar una pensión por incapacidad permanente con un trabajo es un tema que suscita muchas dudas e interpretaciones. En este artículo, abordaremos cómo el Tribunal Supremo de España ha tratado este tema, considerando los diferentes grados de incapacidad permanente y sus implicaciones legales.

Tipos de incapacidad permanente

Antes de profundizar en las decisiones del Tribunal Supremo, es crucial entender los distintos grados de incapacidad permanente reconocidos por la legislación española:

  1. Incapacidad Permanente Parcial: Es aquella que provoca al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento normal para su profesión habitual, pero que no le impide realizar las tareas fundamentales de la misma.
  2. Incapacidad Permanente Total: Es aquella que inhabilita al trabajador para la realización de todas o las tareas fundamentales de su profesión habitual, pero permite dedicarse a otra diferente.
  3. Incapacidad Permanente Absoluta: Es la que inhabilita al trabajador para cualquier tipo de trabajo.
  4. Gran Invalidez: Es la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido clara en que la compatibilidad entre la percepción de una pensión por incapacidad permanente y el desempeño de un trabajo depende del grado de incapacidad reconocida.

Incapacidad permanente parcial

Para la incapacidad permanente parcial, el Tribunal Supremo ha establecido que sí es compatible con el desempeño de un trabajo. La razón es que esta incapacidad solo limita parcialmente la capacidad laboral del individuo, permitiendo que el trabajador continúe realizando su actividad profesional con una reducción en su rendimiento. Así, una persona con incapacidad permanente parcial puede seguir trabajando y recibiendo su pensión, siempre que la disminución en su capacidad laboral sea inferior al 33%.

Incapacidad permanente total

En el caso de la incapacidad permanente total, la situación es algo más compleja. Esta incapacidad inhabilita al trabajador para realizar las tareas de su profesión habitual, pero no para desempeñar otra actividad distinta. Por lo tanto, una persona con incapacidad permanente total puede compatibilizar su pensión con otro trabajo, siempre y cuando este sea diferente al que realizaba anteriormente.

Un ejemplo de jurisprudencia que aborda esta cuestión es la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2014. En esta resolución, se establece que un trabajador con incapacidad permanente total puede trabajar en otra ocupación que no requiera las mismas exigencias físicas o intelectuales de su profesión habitual. La clave es que la nueva ocupación no debe interferir ni agravar la condición que originó la incapacidad.

Incapacidad permanente absoluta y gran invalidez

Para la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez, la compatibilidad con cualquier tipo de trabajo es más restrictiva. La incapacidad permanente absoluta inhabilita al trabajador para cualquier tipo de actividad laboral, por lo que, en principio, no podría compatibilizar la pensión con ningún trabajo.

Sin embargo, hay matices en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En ciertos casos excepcionales, se ha reconocido la posibilidad de que personas con incapacidad permanente absoluta realicen trabajos muy específicos que no interfieran con su condición. Estos trabajos suelen ser de carácter muy limitado y adaptados a las circunstancias particulares del trabajador. Por ejemplo, un trabajo a tiempo parcial o con condiciones muy específicas que no agraven la salud del trabajador.

En cuanto a la gran invalidez, la compatibilidad con el trabajo es prácticamente inexistente, ya que esta condición implica una necesidad constante de asistencia para las actividades más esenciales de la vida diaria. El Tribunal Supremo ha sido muy estricto en estos casos, dado que la gran invalidez supone una limitación extrema que hace inviable cualquier tipo de actividad laboral remunerada.

En resumen, la compatibilidad entre la incapacidad permanente y el trabajo depende en gran medida del grado de incapacidad. El Tribunal Supremo permite compatibilizar la pensión con un trabajo en los casos de incapacidad permanente parcial y total, siempre que se cumplan ciertas condiciones y que la nueva actividad no sea la misma o similar a la que causó la incapacidad. Por otro lado, la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez son más restrictivas, aunque existen excepciones en situaciones muy específicas y limitadas.

Para cualquier duda o situación particular, es fundamental consultar con un abogado especializado en derecho laboral y seguridad social, que pueda ofrecer asesoramiento personalizado y actualizado según las últimas interpretaciones del Tribunal Supremo.

Declaración de la Renta 2023: novedades y fechas importantes en la campaña de este año

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La campaña de la Renta 2023 arrancó ayer 3 de abril, trayendo consigo algunas novedades en las deducciones. ¿Quieres conocerlas? Antes de aceptar el borrador de Hacienda, te recomendamos revisar bien la declaración para evitar multas y sorpresas de última hora. 

Aquí te dejamos un resumen de todo lo que necesitas saber sobre la Renta 2023. Ten en cuenta que para esta campaña la Agencia Tributaria ha hecho una serie de cambios que detallamos a continuación. No obstante, puedes encontrar más detalles en la página web de la agencia Tributaria.

Fechas importantes que debes tener en cuenta

Estas son las fechas más relevantes de la campaña de la declaración de la renta 2023 para presentar este 2024:

  • Inicio de la Declaración (online): 3 de abril.
  • Cita telefónica: disponible desde el 29 de abril, activa a partir del 7 de mayo.
  • Cita presencial: disponible desde el 29 de mayo, activa a partir del 3 de junio.
  • Fin de la campaña: el 1 de julio.

¿Quién tiene la obligación de declarar?

Debes presentar la declaración si eres una persona física y tus ingresos por trabajo superan los 22.000 euros al año con un solo pagador, o más de 15.000 euros al año con dos o más pagadores, siempre que los pagos del segundo y siguientes sean más de 1.500 euros. 

A partir de la campaña de la renta 2024, todos los trabajadores autónomos y por cuenta propia deben presentar la declaración, sin importar cuánto ganen o cuánto tiempo hayan estado dados de alta.

¿Por qué debes revisar el borrador?

Es importante revisar el borrador proporcionado por la Agencia Tributaria para asegurarse de que todos los datos sean precisos y agregar cualquier información que falte. La responsabilidad de aceptar el borrador recae únicamente en el declarante, quien podría ser sancionado por errores u omisiones en el mismo. 

Por lo tanto, si tienes dudas sobre la declaración, es recomendable buscar el asesoramiento adecuado. 

Novedades relevantes sobre la campaña de la Renta 2023

Veamos a continuación las novedades de este año:

1. Rendimientos del trabajo

Como hemos mencionado más arriba, para quienes tienen dos o más empleadores, el mínimo de ingresos sin necesidad de declaración se eleva a 15.000 euros, siempre que los ingresos del segundo y siguientes empleadores superen los 1.500 euros.

Las retenciones sobre ingresos de obras literarias, artísticas, científicas y propiedad intelectual se reducen al 7%.

La cantidad que la empresa puede otorgar al empleado por gastos de viaje se aumenta a 0,26 euros por kilómetro recorrido, y los gastos de peaje y estacionamiento justificados quedan exentos de impuestos.

Los trabajadores de empresas extranjeras pueden estar exentos de hasta 60.100 euros de ingresos obtenidos en el extranjero, siempre que exista un impuesto similar en el país donde se realiza el trabajo o un acuerdo con España para evitar la doble imposición.

Se aumenta el máximo de reducción de impuestos por ingresos del trabajo a 6.498 euros al año, y el umbral de ingresos netos que califican para esta reducción se eleva a 19.747,5 euros.

Se ajustan los tipos impositivos para el ahorro. Ahora hay dos nuevos tramos: del 27% para ingresos entre 200.000 y 300.000 euros, y del 28% para ingresos superiores a 300.000 euros (anteriormente era del 26%).

2. Deducciones y exenciones

Se introducen nuevas deducciones por maternidad, obras de eficiencia energética, coches eléctricos, entre otras. Veamos todo más detallado:

  • Las madres pueden recibir una deducción de 1.200 euros por cada hijo menor de 3 años, sin importar si trabajan o reciben prestaciones por desempleo.
  • El límite de reducción para las contribuciones a planes de pensiones de la empresa se incrementa a 8.500 euros.
  • Se extiende hasta 2024 el plazo para deducir los costos de mejoras de eficiencia energética en viviendas. Esto significa que en la declaración actual puedes deducir los gastos realizados en 2023, y en la próxima declaración, los gastos de 2024. Las deducciones varían según el tipo de mejora y van desde el 20% al 60%.
  • Se prorrogan hasta 2024 las deducciones por la compra de coches eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Esto significa que puedes deducir los gastos incurridos en 2023 en la declaración actual y en 2024 en la próxima. Las deducciones son del 15% del precio del coche y del 15% del costo de instalación del punto de carga, con límites máximos establecidos.
  • Se incrementa la deducción por donativos, con un 80% para los primeros 250 euros y un 45% para el resto.
  • Se aumenta la deducción por inversión en empresas emergentes hasta el 50%, con un máximo de 100.000 euros.
  • Se introduce una nueva exención para los rendimientos del trabajo derivados de la entrega de acciones o participaciones de empresas emergentes a sus empleados, con un máximo de 50.000 euros.
  • Las ayudas otorgadas a los agricultores que implementen prácticas medioambientales quedan exentas de impuestos.

3. Trabajadores autónomos

Estas son las novedades para autónomos y trabajadores por cuenta propia para la campaña de la Renta 2023:

  • Se introduce un nuevo sistema que considerará los ingresos reales, lo que ayudará a una tributación más precisa.
  • Todos aquellos que estuvieron dados de alta en 2023 deben presentar la declaración de la renta, independientemente de si cumplieron con los ingresos mínimos requeridos y del tiempo que estuvieron dados de alta.
  • Se incrementa la reducción de los gastos de difícil justificación al 7%, con un límite máximo de 2.000 euros.
  • La reducción del rendimiento neto para los contribuyentes que tributan por estimación objetiva se eleva al 10%.
  • Si trabajas desde casa, la deducción de los gastos de suministros relacionados con la actividad laboral aumenta al 30%.
  • Se permite la amortización libre para las inversiones que utilicen energía de fuentes renovables, lo que brinda más flexibilidad en la tributación de este tipo de inversiones.

4. Deducciones y reducciones por hijos

La deducción por hijos permite a los padres deducir una cantidad de dinero en su declaración de impuestos. Esta cantidad varía según el número de hijos que tengan, oscilando entre 2.400 y 4.500 euros por cada hijo. Además, si el hijo tiene menos de 3 años o una discapacidad, esta deducción puede aumentar significativamente, llegando hasta los 9.000 euros.

Por otro lado, la deducción por familia numerosa está destinada a los padres que tienen tres o cuatro hijos, así como a los padres solteros con dos o más hijos. Esta deducción tiene un límite máximo de 1.200 euros al año. Sin embargo, si la familia tiene cinco o más hijos o alguno de los hijos tiene una discapacidad, la cantidad de la deducción puede ser mayor.

Sin duda, prepararse adecuadamente para la declaración de la renta puede ayudar a evitar errores costosos y garantizar que se aprovechen todas las deducciones y beneficios disponibles. ¿Necesitas asesoramiento sobre este tema? Contáctanos ahora para resolver cualquier duda sobre la campaña de la Renta 2023.

Nueva ley de protección del menor frente al alcohol

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La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció el pasado 26 de enero un Anteproyecto de Ley destinado a la protección del menor frente al alcohol, durante su primera comparecencia a petición del Congreso de los Diputados.

Esta iniciativa busca un cambio cultural que transforme la percepción del riesgo asociado a las bebidas alcohólicas, especialmente entre los jóvenes. Con el foco puesto en abordar este desafío, García también incluirá en la legislación la protección de las mujeres embarazadas.

Antecedentes y enfoque integral sobre la protección del menor frente al alcohol

En su primera comparecencia en el Congreso, García reveló que este proyecto retoma la idea planteada en 2018 por sus predecesores, pero ahora con un enfoque más integral. 

La ley no solo abordará el consumo de alcohol entre los menores, sino que también armonizará las regulaciones sobre publicidad, venta y consumo de alcohol a nivel nacional, autonómico y municipal.

La ministra señaló que el Anteproyecto de Ley busca mejorar la normativa actual, que se ha revelado insuficiente para afrontar el problema del consumo de alcohol en menores. Se incorporarán perspectivas de salud pública y consideraciones comerciales de salud para ofrecer una legislación más efectiva y completa.

Datos reveladores: más del 70% de jóvenes consumen alcohol

García respalda su propuesta con datos alarmantes de la encuesta ESTUDES del año 2023, que revela que más del 70% de jóvenes entre 14 y 18 años consumieron alcohol en los últimos 12 meses. 

Asimismo, más de la mitad lo consumió en los últimos 30 días, subrayando la urgencia de abordar este problema de manera efectiva y reforzar la protección del menor frente al alcohol.

Compromiso con la protección integral de la infancia y la juventud

El Anteproyecto de Ley establecerá la obligación de incorporar en el ordenamiento jurídico los compromisos adquiridos por España en la protección integral de la infancia y la juventud. Además, pretende unificar las regulaciones existentes en todo el país sobre el consumo, venta y publicidad de bebidas alcohólicas entre menores.

Por lo que la nueva legislación incluirá herramientas dirigidas a la prevención del consumo de alcohol desde el ámbito educativo y familiar, así como también buscará definir claramente el papel de los sectores sanitarios y de servicios sociales en este esfuerzo conjunto. 

La intención es construir una base sólida que aborde la raíz del problema y fomente hábitos saludables desde edades tempranas.

Promoción de entornos saludables y alternativas sin alcohol

El borrador de la ley también destaca la importancia de promover entornos saludables y alternativas de ocio libres de bebidas alcohólicas para fortalecer la protección del menor frente al alcohol. 

Buscará no solo restringir el acceso al alcohol, sino también fomentar actividades y lugares que no dependan de su consumo. 

La idea es crear una cultura que vea las opciones sin alcohol como igualmente atractivas y satisfactorias.

Finalmente, la nueva ley aspira a involucrar a toda la sociedad en la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por parte de los menores. Reconociendo que este es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto, se busca un compromiso colectivo para crear un entorno seguro y saludable para las nuevas generaciones.

Priorización de la atención primaria y la protección del menor frente al alcohol

Durante su comparecencia, la ministra anunció la convocatoria el próximo viernes 9 de febrero de un Consejo Interterritorial monográfico sobre la atención primaria. 

El departamento propone la creación de una Comisión de atención primaria para fortalecer el papel de la atención primaria entre las autonomías y el ministerio. 

Esta comisión facilitará la adopción de medidas conjuntas y el intercambio de buenas prácticas, contribuyendo así a un sistema de salud más eficiente y coordinado.

En definitiva, con un enfoque que va más allá de las restricciones, la legislación propuesta busca transformar la cultura del riesgo del alcohol, promoviendo hábitos saludables y asegurando un futuro más seguro para las futuras generaciones.