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Incapacitación judicial: la nueva normativa y proceso a seguir para solicitarla

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La incapacitación judicial suponía la imposibilidad de una persona de tomar decisiones por su discapacidad intelectual, psíquica o física. Es decir, un juez, a través de una sentencia, determinaba que una persona no podía valerse por sí misma.

Pero en septiembre de 2021 entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio. ¿Qué cambios se produjo a partir de esta ley de 2021? Principalmente, no existirá la incapacitación. Desaparece la tutela y aparece la curatela, con el objetivo de promover la toma de decisiones voluntaria de las personas. Y solo en algunos casos se aplicará la curatela representativa.

¿Qué implica y quién puede solicitar esas medidas de apoyo?

Actualmente, ya no se incapacita judicialmente a una persona. Se establecen medidas de apoyo para que esta pueda ejercer su capacidad jurídica. De esta forma, tendrá los mismos derechos y obligaciones que el resto.

Así lo establece el artículo 249 del Código Civil, con el fin de permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad.

Por lo que se escuchará su voluntad y se fomentará el desarrollo para que cada vez necesite menos la asistencia.

Las figuras que pueden solicitar medidas de apoyo a las personas con discapacidad son:

  • Cónyuges (que no estén separados).
  • Ascendientes.
  • Descendientes.
  • Hermanos.
  • El afectado/afectada.
  • El Ministerio Fiscal si no existen o actúan las figuras mencionadas.

¿Cuál es el proceso a seguir de la incapacitación judicial?

Este procedimiento se resuelve en el Juzgado de Primera Instancia donde reside la persona con discapacidad. Y se presentará la solicitud correspondiente acompañada de la documentación necesaria que justifique la solicitud de medidas de apoyo. Básicamente, los documentos requeridos son estos:

  • Dictamen pericial con sugerencia de las medidas de apoyo.
  • Propuestas de pruebas.

El segundo punto importantes es que tendrán que comparecer en esta fase de admisión el Ministerio Fiscal, la persona con discapacidad, el cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos.

Por otro lado, se da un plazo de 5 días para presentar pruebas. La autoridad judicial puede pedir información de los registros e informes de otras entidades que se dedican a la asistencia de personas con discapacidad.

Asimismo, el juez escuchará a la persona en cuestión con discapacidad y a las partes e informará sobre todas las opciones. Si se aceptan las medidas de apoyo, se finaliza el expediente y se inscribe en el Registro Civil.

La tutela y la curatela

Ahora ya no es posible que otra persona tome decisiones legales o médicas por la persona con discapacidad. Solo quedarán sujetos a tutela los menores no emancipados en situación de desamparo y los menores no emancipados no sujetos a patria potestad.

En cambio, la curatela es la figura que sustituye a la tutela, teniendo como objetivo promover el desarrollo de la persona con discapacidad.  Algunos puntos a destacar de la curatela o el curador:

  • La curatela podrá ejercerla familiares, personas del entorno o fundaciones que trabajan con personas discapacitadas.
  • Se revisará cada caso para establecer los apoyos necesarios para cada uno. La finalidad es acabar con la curatela, menos en los casos donde la persona no pueda expresar su voluntad.
  • Si hay curatela representativa (en casos excepcionales), el curador tiene más limitaciones que un tutor, no podrá tomar ninguna decisión por la persona en cuestión. Necesitará autorización judicial para determinados actos: prestar aval, aceptar herencias, interponer una demanda, realizar contratos, enajenación de bienes inmuebles y actos de trascendencia personal.

En definitiva, desde el 3 de septiembre de 2021 la incapacitación judicial no existe en el Código Civil español. Se ha sustituido por la determinación de medidas de apoyo para las personas con discapacidad. Estas medidas de apoyo pueden ser familiares, abogados, notarios, asociaciones, instituciones, etc.

Otro punto relevante de la incapacitación judicial que ha cambiado es la tutela, que se sustituye por la curatela en defensa de los derechos e intereses de la persona que necesita ayuda.

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Reforma laboral: ¿cuáles son los principales cambios que afectan a trabajadores y empresas?

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El pasado 31 de enero entró en vigor la reforma laboral, convalidada el 3 de febrero en el Congreso de los Diputados. Un acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal que regulará el mercado laboral durante los próximos años.

¿Qué cambios se han implantado? Los principales cambios están orientados, por un lado, a combatir la temporalidad y la precariedad. Y, por otro lado, a ampliar el uso de los ERTE para evitar despidos colectivos. 

Ojo, esta reforma no implica una derogación de la reforma de 2012, pero sí conlleva algunos cambios importantes necesarios. Veamos a continuación los más relevantes:

Los principales cambios en la reforma laboral

Contratos temporales

El contrato será indefinido excepto cuando se tenga que sustituir a un trabajador o por circunstancias de la producción; esto último se refiere al incremento ocasional e imprevisible de la producción y oscilaciones de la demanda. El tiempo máximo es de 6 meses con posibilidad de ampliarlo a 12 meses si lo permite el convenio sectorial. 

Cuando se utilicen los contratos temporales para atender situaciones ocasionales como puede ser una campaña de Navidad, la duración será de un máximo de 90 días en el año y no se puede encadenar con otro contrato. 

Desaparecen los contratos por obra y servicio, aunque hasta finales de marzo las empresas podrás recurrir a estos (con una duración máxima de 6 meses).

Contrato fijo-discontinuo

Uno de los objetivos de esta reforma es acabar con la temporalidad. Por lo que se apuesta por un contrato concertado por tiempo indefinido. Se refuerza además el fijo discontinuo, para aquellos trabajos estacionales o actividades de temporada.

En estos contratos aumenta la indemnización y la antigüedad se reconoce desde que se firma el contrato y no solo se cuenta el tiempo trabajado.

Uno de los sectores a los que repercute este cambio es al de la construcción. A partir de ahora dispondrá de un contrato fijo. Y cuando finalice una obra, la empresa tendrá la obligación de recolocar al trabajador si hubiera otros proyectos.

Contratos formativos

Habrá dos tipos de contratos formativos:

  • Contrato de formación en alternancia de trabajo: limitado a los 30 años, habrá un tutor y su duración es como mínimo de 3 meses y un máximo de dos años.
  • Contrato de formación para la adquisición de la práctica profesional: la duración se limita entre los 6 y los 12 meses. Y solo podrá utilizarse durante los 3 años siguientes de finalizar los estudios.   

Subcontratación

Otro punto importante de esta reforma laboral es que ahora será el convenio del sector de la empresa subcontratada quien rija las condiciones de los trabajadores subcontratados. 

Negociación colectiva

Se recupera la ultraactividad indefinida, es decir, cuando el convenio colectivo haya cumplido su vigencia y no se llegue a un acuerdo, seguirá aplicándose. 

El convenio de empresa tendrá prioridad frente al convenio sectorial autonómico o estatal en cuanto a horario y distribución del tiempo de trabajo, pero no en el ámbito salarial, donde seguirá prevaleciendo el convenio sectorial.

ERTE

Para que haya menos despidos, el Gobierno refuerza la figura de los ERTE cuando haya limitación o impedimento de la actividad.

Por otro lado, se mantendrán los ERTE por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas.

Cuando esté en vigor los ERTE, no habrá horas extra, nuevas contrataciones y tampoco se podrás externalizar la actividad.

Mecanismo RED

Los expedientes de regulación Temporal de Empleo tienen un mecanismo estructural llamado Mecanismo RED, que tiene el objetivo de suspender el empleo o reducir la jornada. Y solo podrán ser activados por el Consejo de Ministros.

Se pueden aplicar por una causa cíclica cuando haya una crisis que dure más de un año y por una causa sectorial, cuando haya cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional con una duración también de un año y la posibilidad de prorrogarlo a otro año.

Aquellos afectados que estén en el Mecanismo RED recibirán una prestación que equivale al 70 % de la base reguladora y las empresas tendrán derecho a exoneraciones de cotización.

Durante este tiempo, no habrá horas extra, nuevas contrataciones y tampoco se podrás externalizar la actividad. Aunque sí habrá bonificaciones a las empresas que formen a sus trabajadores.

Como ves, hay aspectos relevantes que no se han tocado de la reforma laboral de 2012, como la indemnización por despido o la no recuperación de los salarios de tramitación ante un despido improcedente. Aun así, ¿crees que es un primer paso para empezar a defender los derechos de los trabajadores e incluir mejoras para las empresas con esta nueva reforma laboral?

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La importancia de la jurisprudencia en el derecho

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Entendemos la jurisprudencia como la ciencia o filosofía de la ley, que estudia el modo en que se aplicaron, se aplican y se comprenden las leyes. Por lo que podemos decir que engloba la doctrina jurídica que establecieron y estableces los órganos jurídicos del Estado (los Tribunales Supremos de Justicia, TSJ). 

Por tanto, la misión principal de la jurisprudencia es mantener la coherencia en los dictámenes legales. De ahí la importancia de clasificar y compilar todos los antecedentes. 

De hecho, en Estados Unidos, muchas empresas farmacéuticas o relacionadas con el tabaco buscan acuerdos para evitar marcar precedentes que motiven nuevas denuncias. El reto está en lograr una sentencia firme que sirve de base.

¿Qué es la jurisprudencia?

Es la doctrina jurídica que fijan los organismos judiciales de un estado a través de sus resoluciones a lo largo del tiempo. 

Podemos definir a la jurisprudencia como:

La comprensión e interpretación de las normas jurídicas, basadas en sentencias anteriores, emitidas por los órganos judiciales oficiales de una nación. En otras palabras, servirá de guía a los jueces para interpretar esa misma norma en casos similares a futuro.

En líneas generales, para entender cómo funcionan las normas vigentes, hay que revisar cómo se aplicaron en el pasado. De esta forma, se impide que una misma situación jurídica reciba diferentes interpretaciones del mismo o diferente tribunal en diferentes épocas. 

Este es el motivo por el que se estudia la jurisprudencia desde un enfoque histórico, para obtener una mejor visión de cómo las leyes se aplican.

Tipos de jurisprudencia

Existen 5 tipos:

  1. Jurisprudencia contra legem: esto es posible en algunos ordenamientos jurídicos, donde la jurisprudencia está por encima de la ley escrita. 
  2. Jurisprudencia deformante: se emite para aplicar una ley a un caso distinto, entendiéndose así que se ha deformado la ley.
  3. Jurisprudencia derogatoria: cuando se establece que la aplicación de la ley es inconstitucional para un caso concreto y, por tanto, es inválido. 
  4. Jurisprudencia plenaria: cuando deriva de una corte o cámara plenaria.
  5. Jurisprudencia restrictiva: cuando la interpretación limita la aplicación de una ley.

Entonces, ¿por qué es importante la jurisprudencia o para qué sirve?

La jurisprudencia es un concepto clave jurídico por el que gracias a ellas los jueces pueden formarse los criterios jurídicos necesarios. Es decir, los jueces no pueden actuar mecánicamente, siguiendo lo que dice la ley. Tienen que interpretarla y tomar decisiones que no figuran ante la ley escrita.

La jurisprudencia es lo que da lógica y coherencia al sistema jurídico como un todo.  Si no existiera esta, se tomarían decisiones sin respaldo o antecedentes que den apoyo y sin sentido histórico. 

Y para mantenerlas en el tiempo, los jueces deben interpretarlas de manera similar en todos los casos. Las leyes deben ser equitativas sin presentar incongruencias.

Por otro lado, la jurisprudencia permite a un juez, además de impartir justicia en el presente, sentar precedentes para el futuro jurídico de su nación.

También es importante analizar si los criterios para evaluar jurídicamente se pueden aplicar en la actualidad. Es aquí donde la jurisprudencia acepta la evolución de las leyes y la posibilidad de derogarlas cuando ya no son aplicables. Esto es cuando se crea una nueva ley que la reemplaza, donde su aplicación es diferente cuando se juzga un acontecimiento ante la ley.

En definitiva, la jurisprudencia ayuda a unificar los criterios de interpretación de una ley para que esta se aplique de la mejor manera. Así las decisiones judiciales mantienen una coherencia entre sí.

¿Entiendes ahora para qué sirve la jurisprudencia? Déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas.